Cuando abortar el España no es tan fácil y tu vida está en riesgo extremo.
Una de cada tres mujeres pasará por la interrupción de un embarazo a lo largo de su vida. En España, cada año alrededor de 6.500 se ven obligadas a desplazarse fuera de sus ciudades para poder ejercer su derecho a decidir. A partir de la semana 22 el proceso se vuelve una odisea.
Nuestra ley permite la interrupción del embarazo hasta la semana 22 siempre “que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada”, o “que exista riesgo de graves anomalías en el feto”; y más allá de la semana 22, “casos en que ‘se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida’. Y casos en que ‘se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.
Ese fue el casode Marta Vigara, a quien el hospital San Carlos de Madrid derivó en 2020 a una clínica privada tras presentarse con una rotura de placenta en urgencias. El motivo: la objeción de conciencia de su equipo de ginecólogos al completo. La Comunidad de Madrid presenta un porcentaje del 100% de objetores de conciencia en las IVEs realizadas en hospitales privados.
Solo cuatro comunidades tienen porcentajes de este tipo: Castilla-La Mancha (99,9%), Castilla y León (82,5%), Extremadura (100%) y Murcia (100%).
La objeción de conciencia no es solo un problema cuando las mujeres deciden abortar en las primeras semanas sino también en los procesos más avanzados donde las implicaciones son más riesgosas y ponen a las mujeres en situaciones de vida o muerte.
El hecho de señalar que los centros privados son libres de escoger no es un argumento que podamos aceptar cuando el sistema de salud pública deriva a mujeres a estos centros a causa del colapso que sufren. Más tras el desmantelamiento de la sanidad pública por parte de la derecha.
Es por esto que la nueva ley del aborto contempla regular la objeción de conciencia con el fin de garantizar el aborto libre, seguro y gratuito en la sanidad pública ante todo.
¡Blindemos nuestros derechos! ¡Presionemos para que la nueva ley entre en vigor cuanto antes!