La crisis del agua por el cambio climático es ya algo que afecta nuestro día a día.

Sin ir más lejos en verano se restringió el consumo de agua en el sur de España y en Francia, hay alertas sobre la falta de agua en Alemania y Polonia por la bajante histórica de los ríos. Pakistán ha sufrido terribles inundaciones con miles de afectados y víctimas mortales. Kenia vive una de las peores sequías de su historia, afectando gravemente a su biosfera.

Las consecuencias del capitalismo en el medioambiente se pueden ver con solo mirar a nuestro alrededor: en la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos…

Durante esta semana y hasta el 18 de noviembre se celebra en Egipto la COP27 con el supuesto objetivo de dar soluciones a la emergencia climática.

Uno de los temas sobre los que se está debatiendo en esta cumbre del clima es precisamente la crisis del agua, sin embargo han elegido una ciudad balneario repleta de piscinas y campos de golf en un país que se ha visto gravemente afectado por la escasez de agua. Esta no es la única incongruencia de la COP27 ya que en los restaurantes se servirá principalmente carne roja, siendo la industria de explotaciones ganaderas la segunda que más consumo de agua consume.

CocaCola es la empresa patrocinadora del evento mientras que el año pasado fue designado por la organización Break Free From Plastic como uno de los mayores contaminadores en lo que refiere al plástico por cuarto año consecutivo.

No necesitamos grandes hombres poderosos reuniéndose para debatir con su doble moral sobre el cambio climático y aprovechar estos eventos para el eco-blanqueo. Tampoco sus más de 400 jets privados en los que viajaron hasta Egipto con motivo de la Conferencia.

Denunciamos que la defensa del acceso a agua no contaminada está aumentando la presión, en forma de persecución, acoso e incluso asesinato, sobre las activistas.

El estrés hídrico va en aumento por la confluencia del cambio climático con prácticas extractivas que se están intensificando. Hoy, según datos de la OMS, aún una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% sufre escasez.

En este contexto, crece la criminalización de las personas defensoras ambientales. El último informe de Global Witness, de 2021, recoge un total de 227 asesinatos en el mundo en 2020.