El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley que pretende abordar la lucha contra el tráfico de personas. Dentro de esta propuesta legislativa se aborda también la trata de personas con fines de explotación sexual.
La trata es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas según los organismos internacionales. Las víctimas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, aislamiento y violencia. Los datos sobre el número de víctimas de trata en España entre 2013 y 2019 apuntan que habría al menos 75.000 personas afectadas, de las cuales un 99% de mujeres y niñas. De todas ellas, solo 1.000 fueron identificadas formalmente como víctimas de trata, puesto que los datos del Gobierno se basan sólo en actuaciones policiales y muchas de las víctimas son migrantes en situación irregular, cosa que hace que no se contabilicen de forma oficial.
Por ello, es imprescindible abordar dentro de esta cuestión la Ley de Extranjería. Es necesaria la regularización administrativa del estatus migratorio para las personas migrantes y refugiadas, alcanzando así un permiso de residencia y de trabajo que les permita vivir libres de la explotación, con garantías y libertades básicas. La irregularidad supone estar una situación de vulneración de derechos permanente: no contar con derechos laborales, la posible la explotación laboral, trata de personas y explotación sexual, la exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Más grave aún cuando hablamos de que hay 150.000 menores en esta situación, sin protección legal y acceso a derechos y servicios esenciales.
Insistimos en que las medidas propuestas se apliquen con el presupuesto necesario y las técnicas formadas, también en materia de género, para que las mujeres y niñas afectadas, puedan verse protegidas de manera efectiva. De igual modo, el derecho a la inserción social y laboral, el acceso a la prestación del Ingreso Mínimo Vital, a vivienda, a una reparación intintegral y a una compensación económica adecuada, con una protección específica en el caso de víctimas menores, son medidas que apoyamos y esperamos se cumplan.
