En los últimos meses hemos llamado la atención sobre las diferentes iniciativas de acoso impulsadas por grupos ultra religiosos y anti-elección a las puertas de los centros donde se practican intervenciones voluntarias del embarazo. Grupos como ‘40 días por la vida’, Hazte Oir, el grupo joven de Vox, Red Madre… Son algunos de los organizadores de jornadas de acoso a las mujeres que acuden a las clínicas pero también hacia lxs profesionales que trabajan en ellas.

El aborto fue despenalizado en España en el año 1985 y en 2010 se aprobó la ley que permitía a las mujeres abortar de forma libre, segura y gratuita en todo el territorio dentro de las primeras 14 semanas de gestación. 
En España hay regiones donde resulta imposible abortar. No hace falta mirar hacia los estados más conservadores de Estados Unidos, basta con mirar a provincias como Soria donde no se practican abortos desde hace más de 30 años. Cuando una mujer quiere realizarse una IVE es trasladada a un centro en Valladolid donde tiene que hacer un viaje de 2h y media por una de las carreteras nacionales (la N-122) con mayor índice de siniestralidad.

Sin embargo, no es el único territorio donde esto ocurre, según un estudio de Newtral, también ocurre en lugares como Zamora, Cáceres, Cuenca, Ávila… Hasta 8 provincias derivan a sus ciudadanas a otras regiones por causas relacionadas con la ‘’objeción de conciencia’’. El artículo 19 de la ley establece que “El rechazo o la negativa a realizar la intervención de IVE por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. Por el contrario, en la mayoría de hospitales de Castilla y León «se toman decisiones de carácter colectivo por los jefes de servicio, algo que es ilegal», señala el ginecólogo Roberto Lertxundi.
En el caso de las sorianas, tienen que recorrer más de 200 km y desplazarse a centros en Valladolid, Madrid o Zaragoza. 
Todo este clima de inseguridad sobre un derecho que nos pertenece solo contribuye a aumentar el estigma. Las mujeres que deciden abortar en un país donde es legal deben ver su derecho garantizado, libre de acoso. Entorpecer el aborto es obstrucción sobre un derecho que está amparado en la ley. 

Ayer Vox registró una petición en el Congreso para que los progenitores de un bebé puedan inscribirlo con «plenos efectos jurídicos» desde ‘’el momento de la concepción’’. Esta era la base de la reforma propuesta por el PP con Gallardón, ‘’defender los derechos del no-nacido’’. Sin embargo, este es el principio aplicado por las leyes más restrictivas del mundo con el aborto, como son las de Malta, El Salvador, Honduras… 
Todo esto nos hace entender que estamos en un momento donde las ofensivas y ataques sobre nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y maternidad ganan terreno. No podemos permitirlo. Debemos defender el aborto como un pilar fundamental en el camino de la liberación de las mujeres. Nos tendrán de frente.

Foto : Ariadna Balart