Contra el poder patriarcal: el Tribunal Constitucional amordaza a la ciudadanía.
Ayer conocíamos que el Tribunal Constitucional paralizaba la tramitación parlamentaria de la reforma del poder judicial. Este hecho no ha tenido precedentes en los últimos 44 años en España. Se trata de una decisión jurídicamente carente de fundamento legal, donde desde nuestro punto de vista, se ha excedido de todas sus funciones invadiendo el terreno propio de las Cortes Generales, elegidas democráticamente por la ciudadanía.
Los conservadores ganaron ayer la votación por seis votos frente a cinco de los progresistas, sin embargo, dos de los jueces que participaron tienen su mandato caducado. Esta es una maniobra que incumple la misma norma de la Constitución, que tanto dicen defender, y que a su vez permite que se renueve a tiempo el mandato ya agotado de sus propios magistrados.
Han traicionado sus propias normas pero lo más importante es que han transgredido la soberanía popular expresada a través de sus representantes en el Senado y el Congreso de los Diputados. Demostrando que el espíritu del poder judicial en España es profundamente patriarcal y que se encuentra fuertemente influenciado por los negocios sucios y la corrupción de las derechas.
La democracia jamás podrá estar al servicio de aquellos que hacen tratos que ponen en riesgo los cimientos del Estado de Derecho, amenazando el normal funcionamiento de las instituciones, así como la separación de poderes y la renovación de sus cámaras. El control del Partido Popular se ha impuesto sobre cuestiones que creíamos inviolables.
El Tribunal Constitucional ha amordazado al Parlamento que todxs hemos escogido para impedir la votación el Senado sobre su renovación, tal y como pedía precisamente el PP y sus aliados.
Quizás no somos realmente conscientes del precedente que esto sienta. Como feministas y demócratas no podemos dejar de denunciar estos hechos y señalar que detrás de la justicia en este país está un patriarcado oxidado, mafioso y nada fiable. ¿Aún nos extraña que estos sean los mismos que dicen que no pueden aplicar realmente una ley que pone el consentimiento de las mujeres en el centro?
